Corte Internacional de Justicia condena a Myanmar por genocidio contra la minoría Rohingya

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Por Nicolas Boeglin.

Este 19 de noviembre del 2026, por vez primera en toda su historia, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) condenó a un Estado por genocidio. 

Se trata de Myanmar, objeto de una demanda por genocidio contra los integrantes de la comunidad Rohingya. El texto de la sentencia dictaminada está disponible desde ya en francés (véase enlace) y en inglés (véase enlace). 

Es de resaltar que la demanda por genocidio contra Myanmar fue interpuesta por la lejana Gambia desde África. Se trata de una situación bastante similar a la que enfrenta Israel, también demandado desde diciembre del 2023 por genocidio en Gaza por un Estado africano: Sudáfrica.

Una ONG como Amnistía Internacional, no dudó en calificar de “histórica” esta sentencia de la CIJ (véase comunicado oficial), al igual que la ONG Human Rights Watch (véase comunicado).

Cabe recordar que en los años 90, la CIJ debió examinar acusaciones por genocidio en el territorio de la Ex Yugoslavia, sin lograr determinar la responsabilidad de Serbia. En el caso de la demanda interpuesta por Croacia en 1999, su decisión del 2015 sobre el fondo eximió a Serbia de un genocidio (véase decisión del 3 de febrero del 2015). En una decisión anterior del 2007, un acción intentada por Bosnia en 1993 contra Serbia y Montenegro (véase  decisión del 26 de febrero del 2007) conoció exactamente la misma suerte. Ambas decisiones fueron duramente criticadas en su momento por la doctrina.

La decisión de este 19 de noviembre del 2026 fue objeto de un intenso debate interno entre los 15 integrantes de la CIJ, en el que la intención genocida fue objeto de diversas interpretaciones: demonstrar que la secuencia de masacres que iniciaron en el 2016 en Myanmar contra la población Rohingya sí contaba con una clara y deliberada intención genocida fue parte de la labor de los asesores legales de Gambia ante los jueces de la CIJ. Nótese que quien fungió como jueza ad hoc designada por Gambia, fue la jurista sudafricana Navi Pillay, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

El debate interno dio pié para una multitud de opiniones disidentes, declaraciones individuales o colectivas, con en particular la suscrita por seis integrantes sumamente disgustados con el razonamiento seguido por la mayoría (véase texto en francés y en inglés). 

El juez sudafricano por su parte hizo ver en su declaración (véase texto) que ya era hora de superar el extremo formalismo de la CIJ con respecto al conflicto en el territorio de la ex Yugoslavia, al tiempo que el juez oriundo de México en su opinión separada (véase texto) consideró que la CIJ debió ser más incisiva con respecto a la interpretación que da al elemento material que contiene la definición de genocidio. En el caso del juez oriundo de Brasil, su declaración (véase texto) de igual manera explica cómo esta vez la CIJ sí logró superar las interpretaciones que dio en su momento para eximir a Serbia de responsabilidad como Estado en la comisión de un genocidio.

La opinión disidente de la jueza oriunda de Uganda merece mención (véase texto): se trata de la única jueza de la CIJ que se ha sentido obligada, por razones que se desconocen, de desmarcarse de todos los demás integrantes de la CIJ cuando un asunto que examina la CIJ refiere a Israel y la CIJ lo condena. En agosto del 2025 sus declaraciones provocaron que la ONG gala JURDI hiciera ver la total falta de imparcialidad de esta jueza (véase comunicado). En octubre del 2025 al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ con respecto a las obligaciones de Israel como Estado miembro de Naciones Unidas en el territorio palestino ocupado (véase texto en francés y en inglés), el párrafo operativo final 223  evidenció su profunda soledad con respecto a los demás integrantes de la CIJ, al votar en contra de varios puntos resolutivos de manera solitaria. Es tal su apego a las tesis jurídicas israelíes que el 26 de enero del 2024, en el marco de la primera ordenanza de la CIJ, esta misma jueza votó en contra de varios puntos resolutivos por los que votó a favor el juez ad hoc designado por Israel (véase texto, en particular el párrafo operativo 86).

En su decisión dada a conocer este 19 de noviembre del 2026, con nueve votos a favor y seis en contra, se lee que (párrafo final operativo 646):

“LA COUR, 

 1) Par neuf voix contre six,  dit que la République de l’Union du Myanmar a commis un génocide contre le groupe des Rohingya dans le nord de l’État rakhine, en violation des obligations que lui impose la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;  

2) Par neuf voix contre six,  dit que la République de l’Union du Myanmar a violé l’obligation que lui impose la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de prévenir la commission d’un génocide par certaines personnes aux côtés de ses forces de sécurité ; 

3) Par quatorze voix contre une,  dit que la République de l’Union du Myanmar n’a pas, au regard de l’obligation que lui impose la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, directement et publiquement incité des personnes privées à commettre un génocide contre le groupe des Rohingya dans le nord de l’État rakhine ; 

Responsabilizar a un Estado de cometer un genocidio es una ardua tarea: en junio del 2025, tuvimos la ocasión con algunos colegas y expertos reunidos por la Universidad de Nottingham de debatir álgidos aspectos jurídicos (véase enlace oficial del seminario titulado “Apartheid, Genocide and Ethnic Cleansing – a NILSC Workshop”. 

Esta importante decisión del 19 de noviembre del 2026 viene a confirmar la idea que la jurisprudencia de la CIJ en la materia ha evolucionado significativamente desde los años 90-2000 y que los  adeptos del formalismo en el seno de la CIJ que explica aquella jurisprudencia hoy son minoría. 

Esta sentencia de la justicia internacional de La Haya viene también a confortar a Sudáfrica en su demanda interpuesta contra de Israel por genocidio en Gaza, así como a las víctimas palestinas en Gaza y a muchas organizaciones de derechos en el mundo que luchan por poner fin a la impunidad campante contra violaciones graves a los derechos humanos.

El author Nicolas Boeglin,es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Contacto: nboeglin(a)gmail.com

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